Grupo Vía Central demanda al Estado por incumplimiento de pagos en el proyecto Ferrocarril Central

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El consorcio Grupo Vía Central, encargado del desarrollo del Ferrocarril Central, ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) debido al incumplimiento de pagos desde diciembre de 2023, lo que ha generado una crisis financiera para el proyecto.

Según informó El País, representantes del consorcio se reunieron recientemente con el presidente Luis Lacalle Pou para reclamar el pago de unos 160 millones de dólares, correspondientes a los servicios ya prestados en el marco del proyecto.

En un comunicado oficial, el grupo subrayó que el Ferrocarril Central es una de las obras de infraestructura más relevantes de Uruguay, con una inversión estimada en 1.500 millones de dólares. La nueva vía férrea comenzó a operar en noviembre de 2023, facilitando el transporte de mercancías desde Paso de los Toros hasta el Puerto de Montevideo.

El Grupo Vía Central indicó que, a lo largo del desarrollo de la obra, ha enfrentado múltiples desafíos, como retrasos en las expropiaciones, los efectos de la pandemia, el aumento de costos debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, las inundaciones ocurridas en marzo de 2024 y actos de vandalismo. A pesar de estos obstáculos, ha trabajado junto al gobierno para renegociar el acuerdo inicial.

No obstante, el consorcio señaló que, a pesar de los avances en el proyecto y el éxito alcanzado, el gobierno no ha cumplido con sus compromisos de pago. Desde el 24 de diciembre de 2023, el consorcio no ha recibido los pagos acordados, lo que ha puesto en riesgo la continuidad del proyecto.

Tras agotar las instancias de negociación y mediación, Grupo Vía Central ha decidido recurrir al arbitraje internacional, conforme a lo estipulado en el contrato. El proceso se llevará a cabo bajo las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

El MTOP tiene 30 días para nombrar un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros, quienes deberán emitir un laudo sobre el conflicto conforme a lo establecido en el Código General del Proceso.

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